RSSLa Recolocación, "un compromiso" empresarial
La Recolocación es un proceso que permite a las organizaciones atender el compromiso social de garantizar la empleabilidad de sus trabajadores, de su Capital Humano. Sin embargo, todavía pervive en nuestro entorno socio-laboral un esquema en el que se estima que ante un despido lo único que importa es la indemnización que el profesional afectado va a recibir. Esta es lamentablemente una forma legítima pero no razonable, ni socialmente defendible, de entender el concepto de Responsabilidad Social vinculada a la garantía de empleabilidad del capital humano de una organización.
Paralelamente, la respuesta a esta "responsabilidad" viene avalada por los resultados que se consiguen con la actividad de la Recolocación. El apoyo en este campo tiene efectos benéficos en lo personal (aprovechando las capacidades del individuo y haciendo de él, de nuevo, un sujeto social y productivo) y en lo económico (descargando al erario público de prestaciones y subsidios, como consecuencia de una estancia menor en situación de desempleo).
Si en la actualidad el tiempo medio de "consumo" de prestaciones por desempleo en nuestro país es de 12 meses podemos acreditar que aplicando Programas de Recolocación se aminora este periodo en una media de 3/4 meses. Esto supone una disminución muy importante -que podría llegar hasta el 25%- en las cantidades destinadas a prestaciones por desempleo. Y todo ello unido a los beneficios personales, sociales y económicos que para los propios afectados supone esta reducción en la permanencia en situación de desempleo, al margen de los cambios en la conciencia social que supone el potenciar la recolocación frente al criterio general de que la prestación por desempleo es un "derecho" a consumir.
Si tenemos en cuenta que actualmente se recaudan 18.000 millones de euros anuales por cotizaciones sociales, de los que más de 13.000 millones de euros se destinan a prestaciones por desempleo, el ahorro que implicaría la generalización de la Recolocación permitiría que tales programas no supusieran un mayor coste para las empresas, ni suponer un incremento de los costes inherentes a un despido, ya que podrían o deberían de financiarse a través de tales ahorros en prestaciones sociales. Para ello, sería necesario que la obligación de la Recolocación se insertara definitivamente en la normativa laboral española.